La dignidad no envejece: edadismo sanitario
Esta problemática se manifiesta cuando un síntoma se minimiza porque “es propio de la edad”; cuando se conversa con familiares y no con el paciente; cuando se posterga una intervención porque “ya vivió bastante”; o cuando la vejez se interpreta desde el gasto antes que desde los derechos
En una época que idolatra juventud, productividad y autonomía, la vejez se ha convertido en una prueba moral. No porque envejecer sea un problema, sino porque revela qué entendemos por dignidad humana. Una comunidad que sólo valora la vida mientras produce y permanece funcional no cree en la dignidad sino en la utilidad. En salud, cuando esa lógica penetra en hospitales, obras sociales o presupuestos sanitarios, se convierte en discriminación concreta.
Esta discriminación por edad se denomina edadismo, concepto desarrollado por Robert Butler a fines de los `60. En salud puede expresarse en demoras diagnósticas, dolor subestimado, menor acceso a tratamientos, infantilización, silenciamiento del paciente o distribución desigual de recursos.
El edadismo sanitario rara vez declara que una vida vale menos, pero actúa como si así fuera. Aparece cuando un síntoma se minimiza porque “es propio de la edad”; cuando se conversa con familiares y no con el paciente; cuando se posterga una intervención porque “ya vivió bastante”; o cuando la vejez se interpreta desde el gasto antes que desde los derechos.
La bioética nació para limitar el poder médico, científico, tecnológico e institucional e impedir que la persona sea reducida a medio, objeto, costo o expediente. Sus principios expresan una premisa decisiva: la dignidad no depende del rendimiento, la edad ni la eficiencia. Sin embargo, muchas prácticas sanitarias aún privilegian al individuo joven, lúcido, productivo y autosuficiente, cuando la vida humana también es dependencia, deterioro, memoria, vulnerabilidad y cuidado.
Este edadismo no suele ser deliberado ni atribuible a una institución particular. Opera mediante sesgos, rutinas y restricciones que atraviesan los sectores público y privado.
Desde los derechos humanos, la cuestión es exigible. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con jerarquía constitucional, prohíbe la discriminación por edad y reconoce la salud, el consentimiento informado y los cuidados paliativos. Así, la edad modifica necesidades, no dignidad.
El edadismo sanitario vulnera este principio cuando convierte la edad en criterio encubierto de menor urgencia, escucha o inversión. La justicia sanitaria exige priorizar según criterios clínicos, proporcionalidad, pronóstico, beneficio esperado y voluntad del paciente; no según prejuicios sobre cuánto “merece” vivir alguien. Una cosa es reconocer la finitud y evitar tratamientos fútiles o desproporcionados. Otra es encubrir una cultura de abandono.
Existen dos excesos. Por un lado, el abandono edadista: no tratar, explicar, rehabilitar ni acompañar porque el paciente es viejo. Por otro, el encarnizamiento terapéutico: prolongar funciones biológicas sin atender al sufrimiento, la proporcionalidad o la voluntad.
Desde la Ética del Límite, marco que desarrollo para analizar problemas y dilemas contemporáneos, la respuesta no consiste en elegir entre abandono y obstinación, sino en recuperar el límite como principio de responsabilidad. El límite no niega la vida ni el progreso. Impide que el poder médico, técnico, económico o institucional invada aquello que debe custodiar. En la vejez exige contener tanto la soberbia de prolongarlo todo como la indiferencia que abandona lo poco rentable.
Cuidar no es simplemente curar. La medicina, fascinada por la intervención y la eficiencia, puede olvidar que parte de su tarea consiste en acompañar, aliviar, escuchar, explicar y sostener. La cura puede no ser posible, pero el cuidado siempre sigue siendo exigible.
Esto requiere profundizar políticas: formación sanitaria en envejecimiento, derechos humanos, comunicación clínica, advertir y reparar sesgos edadistas. Muchos profesionales no discriminan deliberadamente, pero pueden reproducir criterios culturales y rutinas institucionales que asocian vejez con incapacidad, pasividad o menor expectativa de beneficio. También debe fortalecerse el consentimiento informado. Informar no es entregar un formulario, sino generar comprensión. La autonomía no desaparece con la edad y las limitaciones cognitivas deben evaluarse, no presumirse.
La persona mayor tiene derecho a saber, preguntar, rechazar, aceptar y participar en las decisiones sobre su cuerpo. Hablar por encima de ella o sustituir su voz sin necesidad constituye violencia simbólica y clínica.
También se necesitan indicadores de trato digno como manejo del dolor, escucha, información, decisiones compartidas, continuidad del cuidado, rehabilitación y prevención de la soledad institucional.
La pandemia mostró qué sucede cuando la edad opera como criterio de descarte. En los debates sobre camas y respiradores aparecieron razonamientos asociados con los QALY, años de vida ajustados por calidad, una herramienta útil para evaluar políticas sanitarias, pero riesgosa cuando se traslada mecánicamente al triage clínico y distribución de recursos. Quien posee menor expectativa de vida o enfermedades crónicas puede aparecer como una inversión menos “eficiente”.
El problema no consiste en medir resultados, sino en permitir que una herramienta poblacional transforme los años vividos, la discapacidad o la fragilidad en una desventaja moral. Para evitar arbitrariedades, en 2020 elaboré, junto con otros referentes, el Marco Bioético de las Religiones Monoteístas en ocasión del COVID-19, destinado al triage y la asignación de recursos vitales. La Legislatura porteña declaró su beneplácito y el documento sirvió como referencia sanitaria. Allí sostuvimos que las decisiones límite debían apoyarse en principios éticos consolidados, preservar la igualdad de las vidas y evitar discriminaciones por edad, discapacidad, azar o utilidad social. La eficiencia pierde legitimidad cuando convierte la gestión en jerarquía moral.
